Plan uno: exterminar la burocracia

por Kléber Mantilla

Desde el anuncio el pasado 23 de abril del triunfo del gobierno socialista de Gyurcsány Ferenc, los ciudadanos que viven en Hungría se han mantenido en expectativa hasta conocer la anunciada reforma estatal.

La coalición ganadora de las pasadas elecciones integrada por el Partido Socialista Húngaro (MSZP) y la Asociación de Demócratas Libres (Szdsz) finalmente plantearon al pueblo húngaro un plan político y económico para continuar con el proceso de integración del país a la Unión Europea.

Los ejes fundamentales de la reforma se sustentan en una modificación jurídica y política alineada a los ajustes de ingreso a la Unión Europea (UE) y consolidan la reducción del gasto presupuestario durante el próximo período administrativo.

Hasta ahora, mantener su abultado aparato burocrático a Hungría le ha resultado muy costoso. El total de sus egresos por gasto corriente alcazan los 7.4 billones de forins (unos 28 millones de euros) y si se compara con lo que ingresa a las arcas fiscales, unos 5,9 billones (22 millones de euros), se visualiza con claridad el problema de su déficit presupuestario.

Para enfrentar la reducción del gasto y equilibrar la balanza entre el ingreso y salida de dinero, el proyecto gubernamental pretende recuperar unos 500 billones de forins, unos dos mil millones de euros. Estos serán cubiertos en un 50% con la reformulación de programas sociales, el 30% lo cancelará el sector gubernamental con la reducción de su estructura burocrática, mientras el 20% restante será responsabilidad del sector empresarial, a través de una readecuación tributaria.

El grupo político opositor del gobierno, liderado por el perdedor de las elecciones pasadas Viktor Orbán, sostiene que no se trata de una reforma, sino de un mecanismo para recolectar dinero y asfixiar a la población. Pese a todo, también su partido político, el nacionalista Fidesz, ha comprometido su apoyo a las reformas constitucionales aunque algo duditativo aún.

El contrato político firmado por MSZP y Szdsz muestra una completa renovación del sistema administrativo público, a través de la creación y cambios de nueve leyes. Para ello, se requiere de la aprobación de las dos terceras partes del Parlamento húngaro. Los cuerpos legales buscan replantear la estructura del sistema de elección y la cantidad del número de parlamentarios que bajarían de los 386 actuales, a 298 para el futuro. La dinámica considera fundamental la reducción y simplificación del proceso electoral con el uso de una simple lista escogida en zonas electorales específicas. Antes se empleaban varias listas.

Además, establece una ley especial para el Conflicto de Intereses, con la cual los miembros del Parlamento dejarán de tener representatividad como alcaldes o en gobiernos seccionales.

La actual distribución geopolítica también tendrá variaciones pues en la actualidad se establecen 19 gobiernos seccionales o provinciales, que con los cambios pasarán a organizarse como regiones, según los requerimientos establecidos para los países de la Unión Europea. Con los cambios en la Constitución necesarios disminuirán un 40% los representantes locales y también el monto presupestado para salarios.

El aparato burocrático de los ministerios públicos también sufrirá cambios importantes: de 17 ministerios actuales quedarán solo 12. Hasta ahora, en Hungría, cada ministro contaba con dos subsecretarios de Estado, uno que lo representaba políticamente y otro que asistía en la parte administrativa. En total se contabilizan 43, que disminuirán a 12. Es decir que entre ministros y subsecretarios de 60 pasarán a ser 24.

Asimismo, se anunciaron cambios en la cantidad de comisiones existentes dentro del Parlamento (Seguridad Nacional, Fiscalización, Cultura, etc.) y en el número de sus miembros, que en la actualidad son 492. Pasarán a ser 386. Todos los servicios gratuitos del Transporte Público que se otorgaban a los funcionarios públicos serán eliminados.

Y por el contrario, se crea una entidad especial para recibir los fondos de la Unión Europea que estará separada en su totalidad de cualquier ministerio público. La Agencia Nacional de Desarrollo será manejada de forma directa por el primer ministro Gyurcsány con la asistencia gerencial y técnica de un grupo empresarial especializado para la distribución entre los ministerios.

No obstante, en cuanto a la canalización, desembolso y aplicación de recursos se ha integrado en el Ministerio del Interior (Gobierno), el Ministerio de Desarrollo Regional, que ahora se denominará Ministerio de Gobierno Local, con la dirección de Mónika Lamperth.

El actual Ministerio de Integración Europea desaparece y será parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su principal será Ferenc Somogyi o tal vez András Simonyi.

Otras tres fusiones importantes son los ministerios de Bienestar Social y Empleo, que será uno solo bajo el control de Péter Kiss. En cambio, las carteras de Educación y Cultura serán una y su autoridad será István Hiller. Finalmente, János Kóka será ministro de la unión de los ministerios de Economía e Informática.

Sin cambios continúan los ministerios de: Agricultura dirigido por József Gráf, de Defensa a cargo de Ferenc Juhász o Imre Szekeres, de Justicia conducido por József Petrétei y del Ambiente y Aguas por el ministro Miklós Persányi. Otro inamovible es el de Finanzas, János Veres.

El Ministerio de Salud será conducido por Lajos Molnár y se anuncia la modernización de esta cartera de estado a través de la aplicación del sistema de medicina pagada y de servicios médicos privados.

Junto a la reforma global de reducción del aparato estatal se añade la posible focalización del servicio de gas compensado para garantizar que los estratos sociales con mayores ingresos paguen por este costo que le resulta oneroso al estado. Otro punto tiene que ver con el sector educativo, pues se contempla la separación de 10 mil profesores que reciben dineros públicos.

En cambio, los sectores turístico, de electrotecnologías y farmacéuticas serían fortalecidos, según el anuncio gubernamental. También se anuncia la cobertura del servicio de agua potable a 600 pueblos rurales, lo que beneficiaría a dos millones de personas. Mientras en Budapest se construirá la línea de Metro número cinco.

Este proyecto estatal busca que el Producto Interno Bruto (PIB) después de dos años tenga un crecimiento entre el 4 y 5%.

Fuentes:

- Népszabadság 2006-05-27
- Álami felső vezetők http://www.meh.hu/