por Kléber Mantilla
La salud pública es una filosofía y actitud frente a la vida muy compleja para identificar. La salud no tiene inicio, pues está presente siempre en el ser humano y su entorno, desde antes de la vida y hasta después del final en la muerte. Sin embargo, a modo de análisis, la pregunta central se desprende de la posibilidad de hacer o no reformas en los sistemas de administración de salud pública de un país.En algunos países hablar de “reforma a la salud” suena al cuento del gallo pelón, pues viene atada siempre a la mala o buena economía, las aficiones políticas y las dinámicas sociales. Tantas reformas se hacen, y cada día, que cuando se escucha la frase suena a necedad con letargo e impotencia.
Cabe citar un ejemplo. Existe una organización no gubernamental, denominada “Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social” (Cepar) con sede en América Latina, que gestiona varios estudios y proyectos, y entre sus objetivos consta la reforma de la salud del Estado. Pero ya han pasado casi tres décadas desde su creación y la reforma continúa siendo el justificativo para recibir fondos de organismos internacionales. La “reforma de la salud” es un término tan cansino y prostituido que nadie logra describir con propiedad de qué se trata. Cualquier inocente podría pensar que se trata de la creación de nuevos hospitales, el aumento de médicos calificados, la introducción de nuevas tecnologías, la mejorar a la atención al paciente, o tal vez, el verdadero perfeccionamiento de los servicios de salud. Pero no. Nada que ver. Por el contrario, la reforma, en la práctica, históricamente ha servido para crear fabulosas estructuras burocráticas encargadas de la gestión en temas de salud, para aislar a la gran mayoría de la población tanto de los servicios básicos como de las emergencias, y además, enriquecer a los gestores de los programas de la famosa “reforma”.
Una paradoja es Hungría. En la actualidad se impulsa una reforma del sistema de salud que viene concebida desde la adopción del nuevo modelo económico para el ingreso a la Unión Europea. El caso es que la Comisión Europea le dio un año a Hungría para solucionar su elevado déficit fiscal. La orden fue clara y rigurosa. Si no aplica medidas concretas y no cumple el postergado plan de reformas y racionamiento del gasto público se suspende el envío de fondos europeos. Así, el primer ministro, Ferenc Gyurcsány, intenta a toda costa reducir el déficit al 3,2% del PIB para el 2009 y bajar la deuda pública. Su idea es aumentar los ingresos con el alza de impuestos; con los aportes a la seguridad social y a los servicios básicos; y junto a las facturas del gas, un 30% más caras, y a las de electricidad, un 8%, se añade el cobro por los servicios médicos y los medicamentos.
En pocas palabras, la reforma de la salud es el cobro de servicios básicos de salud y el pago de medicamentos, que desde el tiempo del socialismo nunca se había aplicado. Hecho político polémico pues la oposición maniobra su campo de acción con estos ejes tan vulnerables para la población.
Los líderes del partido opositor Fidesz repiten a diario que “la reforma provoca el caos entre los profesionales de la Sanidad por falta de información, y que las reformas sólo buscan incrementar el número de visitas para generar ingresos provenientes de la introducción del pago de las visitas”. Muchas medicinas, que antes eran gratuitas, ahora tienen un precio y para otras se requiere receta.
La percepción en la gente es diversa. Un colega me decía que se aplica la reforma para que la viejitas (que son muchas en Hungría), ya no vayan todos los días a realizar las mismas preguntas en los consultorios médicos, pues ahora tendrán que pagar unos pocos forintos para que el médico las escuche.
Y otro colega decía que la reforma busca transparentar el favor que los médicos realizan. “Antes después de la consulta siempre se dejaba una propina al médico y a la enfermera porque el salario de ellos era muy bajo, pero ahora es más oficial el pago”.
En cambio, sobre los medicamentos, Ágnes Horváth, del Ministerio de Salud, asegura que el problema no es enriquecer a las grandes empresas farmacéuticas que se ocultan tras las reformas de la salud de cada país en el mundo, sino que el requerimiento de receta médica es una consecuencia de la aplicación de la normativa de la Unión Europea.
En todo caso, la salud, negocio o no, es un derecho de los pueblos. Y es claro, que el tráfico con la salud pública beneficia a ciertos grupos y sus cómplices. Varios países han experimentado que después de la privatización de servicios viene la masificación de la inseguridad social, pues acaba la responsabilidad del Estado de garantizar el servicio de salud y lo deja para quienes pueden pagarlo, condenando a muerte a miles de hombres, mujeres y niños.
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